Ley de seguridad interior


(Azul Castillo) #1

Ley de seguridad interna.
Contextualizando, dos de los partidos políticos lanzan una propuesta en el 2016 con la intención de otorgarle mayor poder a las fuerzas armadas del país: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Desde el 2006 era un hecho la presencia de los militares en las calles, gracias al gobierno de Felipe Calderón, y su “lucha contra el narcotráfico”, pero si en ese momento representaba un caos tremendo debido a la poca regularización del marco legal, al lanzarse la propuesta presentada en el Congreso desde septiembre de 2016, por el senador panista Roberto Gil Zuarth, y más tarde en la Cámara de Diputados por los priístas Cesar Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo, fue un declive total. No solo se hablaba de un acuerdo temporal sino de una ley como tal, el otorgarle poderes exclusivos a militares en lugar de regular el marco legal como sugirió la ONU a México poner más controles sobre los militares en lugar de conferirles poderes extraordinarios. Desde el comienzo de esta ley sugerían que los militares realizaran investigaciones que le son otorgadas al ministerio público, intervenir las comunicaciones privadas sin una orden judicial y como lo marca en el capítulo uno de la ley de seguridad interna: X. Uso legítimo de la fuerza: La utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.
Durante las protestas del llamado “gasolinazo” que indignó a miles de mexicanos, la presencia militar fue notable, algunos agredieron e incluso hubo detenidos “por los disturbios ocasionados”. Dando un claro ejemplo de que ahora cualquier protesta (justificada, e incluso pacifista) será denominada “acto de resistencia” y por lo tanto, las fuerzas armadas podrán intervenir, en un país democrático, donde el albedrio y la libre expresión cada vez valen menos, cuando debería ser al revés. Tal como lo refirió Ximena Medellín “Lo que están haciendo es flexibilizar absolutamente todo y, me atrevo a ponerlo en estos términos, dar una llave para abrir y cerrar un régimen totalitario a discrecionalidad de quien opera esta legislación”, (académica del CIDE y maestra en Derecho por la Universidad de Notre Dame).
Esto se entiende, que a consideración de los líderes y altos mandos de dichas fuerzas, todo lo que ellos consideren “resistencia” podrá ser neutralizado. Como muestran las evidencias del caso Ostula: el uso ilegitimo de la fuerza, donde elementos de la SEDENA (Secretaria de Defensa Nacional) y SSP (Seguridad Publica) en Michoacán utilizaron armas letales en contra de una protesta pacifista asesinando a un menor de edad, quien contaba con solo doce años y dejando diez heridos; la CNDH derivó una queja hacia el secretario de seguridad y al gobernador de dicho estado.
Un país, donde el régimen civil es aplastado de pronto por la fuerza de un recién régimen militar, es una clara regresión democrática, donde los ciudadanos no tienen el derecho sobre el poder militar, sino que es al revés, así lo expresó Erubiel Tirado “eso llama la atención porque uno de los principios de la democracia respecto a las fuerzas armadas es obviamente la sujeción al poder civil. Y cuando no existe esa sujeción o lo cuestionan, estamos ante un riesgo muy grande de regresión democrática…",(investigador de la Universidad Iberoamericana, en entrevista con el HuffPost.)
Entonces, teniendo todas estas pruebas ¿qué hacen los diputados para defender dichos derechos civiles? ¿En qué momento de la historia estamos situados, para que decidan fácilmente entrar a un régimen militar donde los derechos civiles son aplastados de tal forma que ya no existen? Las pruebas están, los resultados nunca han sido benéficos y no lo serán. Creer que esto nos lleva hacia un futuro de imparcialidad y anticorrupción (un militar tiene formación mayor a la de un policía) es insensato. El gobierno mexicano está delegando todo el poder hacia individuos altamente arbitrarios.
Mi postura es totalmente en contra, la ley de seguridad interna debería revocarse. Después de tantos años de vivir bajo la opresión de un gobierno como el nuestro, lo menos que necesitamos es tener a militares andando libremente por la calle vigilando todo y al menor movimiento (que ellos lo consideren, de manera muy subjetiva) ser asesinados por armas letales. Ellos no pasan por un proceso administrativo como todo ciudadano, esta ley los exime de sus responsabilidades y los vuelve seres superiores, casi deidades.
Referencias:


http://www.eluniversal.com.mx/0articulo/nacion/seguridad/2016/12/30/cndh-ve-uso-ilegitimo-de-la-fuerza-en-ostula
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSInt_211217.pdf

Castillo Aguayo Azul Estefania.